Leopoldo Fernández, el "carnicero de Porvenir"

Más de 30 personas habrían sido asesinadas en la localidad pandina de Porvenir el 11 de septiembre de 2008, una de las peores masacres campesinas en democracia. El principal responsable de la matanza, el prefecto de Pando Leopoldo Fernández, "el carnicero de Porvenir", llamó a sus grupos de choque armados a resistir el estado de sitio "abusivo y bravucón" del gobierno.


El jueves 11 de septiembre, aproximadamente mil campesinos de comunidades de Puerto Rico, Madre de Dios y el Palmar marchaban hacia la ciudad de Cobija para participar en un ampliado del sector.

Funcionarios del Servicio Departamental de Caminos, empleados de la Prefectura y activistas cívicos enviados por el prefecto Leopoldo Fernández intentaron sin éxito detener a la caravana campesina a unos siete kilómetros de Porvenir. Luego emboscaron a los marchistas en inmediaciones del puente Cachuelita, donde cavaron una zanja de 10 metros de ancho para evitar el paso de camiones y gente.

"Todos venían armados (los campesinos), hicimos unas zanjas para evitar que lleguen hasta Cobija, uno de los últimos recursos que teníamos porque tenían la intención de tomar la Prefectura y luego Cobija; lo sabían las autoridades policiales y militares. Y ahí tuvimos los primeros heridos", narra el prefecto Fernández.

Según Fernández, el supuesto "enfrentamiento" se desató cuando su grupo de choque "incendió dos camionetas de esta gente (campesinos); parecía un polvorín, durante varios minutos regaba balas y disparos por todo lado, porque estaba explosionando todo el cargamento que tenían estos campesinos pacíficos que dice el gobierno".

Los campesinos desarmados recuerdan que francotiradores instalados en las copas de los árboles comenzaron a disparar ametralladoras automáticas. Una volqueta del Servicio de Caminos aplastó a dos campesinos.

"De pronto escuchamos disparos y algunas personas cayeron heridas. Hombres, mujeres y niños corrieron a todo lado para salvar sus vidas, pero muchos fueron heridos o tomados por la fuerza para ser torturados", recuerda Roberto Tito, testigo directo de la masacre.

"Fuimos matados como chanchos, con ametralladoras, con rifles, con escopetas, con revolver. Los campesinos solo traían sus dientes, palos, ondas, no traían escopetas. Luego de los primeros disparos, algunos huyeron hacia el río Tahuamanu, pero les persiguieron y les dispararon", cuenta Shirley Segovia, dirigente de una subcentral de Porvenir.

El dirigente social pandino Dionisio López declaró a radio Patria Nueva que al menos 30 sicarios casi lo matan a golpes: "Estaba queriendo rescatar a los heridos de bala, y ahí me interceptaron en Porvenir, más o menos a la una y media (13:30). En Cobija me golpearon más o menos hasta las 10 de la noche. Dijeron que yo era masista por el color de mi cara, querían matarme...".

Ese jueves, después de la emboscada sangrienta, los sicarios y narcotraficantes al mando del prefecto del departamento de Pando continuaron asesinando campesinos. Al menos cien personas cruzaron la frontera para salvar la vida.

Días antes los vándalos y grupos de choque quemaron casas, saquearon mercados y atentaron contra varios medios de comunicación. La violencia se desbordó luego de la masacre. El prefecto Fernández llamó a la ciudadanía a mantener la calma y pacificar la ciudad de Cobija, pero mantuvo movilizadas a sus huestes "por la restitución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)". La autoridad departamental culpó al Poder Ejecutivo de las ocho muertes registradas hasta ese momento, la mayoría campesinos

"Este gobierno no conseguirá ni en Pando, ni Tarija, ni en Beni, ni en Santa Cruz, ni Chuquisaca, ni en el país en su conjunto, consumar lo que pretende (...) no voy a retirarme en ningún momento de esta lucha (...) La mentira no vencerá en este país, queremos dejar un mejor futuro para nuestras familias (...) guardemos nuestras fuerzas para luchar (...) hay que retirarse para darle un poco de tranquilidad a esa gente que está en zozobra", dijo Fernández.

El viernes continuaban las persecuciones y los asesinatos en Cachuelita y Filadelfia, provincias rebeldes que rechazaron el "referéndum autonómico" de los patrones autonomistas y que revocaron a Fernández en el referéndum del 10 de agosto. Los paramilitares pagados por la prefectura no dejaban rescatar a los heridos y los cuerpos de los asesinados.

En la ciudad de Cobija, amedrentaban 40 funcionarios de la Prefectura de Pando encapuchados, con armas cortas y metralletas. Se denunció la existencia de 15 campesinos rehenes en las oficinas del Comité Cívico.

"La situación es dramática y trágica, están asesinando campesinos cada momento y la Policía y el Ejército no están actuando para salvar vidas. Mucha gente fue torturada en los ambientes del Comité Cívico; pedimos que se intervenga el departamento Pando", clamó el senador de UN Abraham Cuellar, amenazado de muerte por funcionarios de la Prefectura.

La representante presidencial en Pando Nancy Texeira, al borde del llanto, criticó al gobierno por abandonar a su gente y exigió una intervención inmediata del departamento.

A las 7 de la noche del viernes, el gobierno de Evo Morales dictó estado de sitio regionalizado en el departamento de Pando con el fin de evitar mayores crímenes de lesa humanidad.

Pero los grupos sediciosos se rieron de la noticia y asaltaron dos tiendas de armamento en Cobija y atacaron con ametralladoras a los militares que retomaron el control del aeropuerto. En la refriega murieron dos funcionarios de la Prefectura y el conscripto Ramiro Tañini Alvarado (17), victimado con una bala calibre 22.

Leopoldo Fernández declaró que no acataría el estado de sitio y advirtió que las movilizaciones continuarían. "Va a costar implementar un estado de sitio abusivamente. Creyeron que Pando era el eslabón más débil, (pero) vamos a seguir luchando, queremos un país con libertades, no van a conseguir paralizar el proceso autonómico ni le van a quitar a Pando esa esperanza de crecer, tenemos derecho, vamos a pelear por lo que nos corresponde, no nos quitarán nuestros recursos".

Hasta el mediodía de este sábado los militares aún no habían logrado tomar el control de la ciudad de Cobija y menos ingresar a Filadelfia y Porvenir. Se escuchaban ráfagas de ametralladoras en algunas zonas de la ciudad de Cobija.

A las 21 horas el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana llegó a Cobija con más efectivos militares para hacer cumplir el estado de sitio.


El ministro de Gobierno Alfredo Rada confirmó el sábado que al menos 16 personas perdieron la vida en la masacre del jueves, pero horas después reportes extraoficiales daban cuenta de que habría por lo menos 30 muertos. Diversas fuentes informan que hay 80 heridos de bala y hasta 100 desaparecidos. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia denunció la desaparición de más de 50 afiliados y 26 heridos de bala.

¿Quién es Leopoldo Fernández?


Es un cacique de pueblo que mantuvo un control casi feudal de los poderes públicos y privados en Cobija y provincias entre 1979 y 2005. Fue funcionario público en las dictaduras de Luis García Meza (1980-1981), Celso Torrelio y Guido Vildoso (1981-1982); responsable en Pando del Instituto Nacional de Colonización (actual INRA); parlamentario, prefecto y ministro de Gobierno de Hugo Banzer-Jorge Quiroga (1997-2002).

Se cree que García Meza le regaló tierras. Ahora Fernández está metido en el negocio de la castaña y de la ganadería. Declaró a la Contraloría un patrimonio personal de 1,4 millones de dólares.

Fernández está bien relacionado con madereros, aserradores y terratenientes locales como los Sonnenschein, Hecker Hasse, Becerra Roca, Vaca Roca, Peñaranda, Barbery Paz, Claure y Villavicencio Amuruz, entre otros, que concentran miles de hectáreas de tierras fértiles.

Leopoldo Fernández sirve bien a la racista, intolerante y violenta elite local descendiente de los patrones de la goma y de la castaña que sometieron a los indígenas a un régimen de explotación laboral servidumbral desde fines del siglo XIX.


El pueblo pandino asegura que Fernández no defiende el IDH para la región sino su bolsillo. Lo único que ha hecho por el departamento en los últimos 30 años de politiquería: treinta kilómetros de carreteras.


La ex ministra de Gobierno Alicia Muñoz denunció en 2006 que Fernández entrenaba en Cobija a paramilitares supuestamente para trabajos de "seguridad ciudadana". El año pasado, Leopoldo mandó a quemar la casa del senador pandino Cuellar que apoyó la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria de Evo Morales. La pasada semana nombró a un director apócrifo de la oficina del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Pando, declarado hace poco por el gobierno como el primer "territorio saneado de Bolivia".


El presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) Rolando Villena reveló que el prefecto Leopoldo Fernández contrató a sicarios de Brasil y Perú para extinguir a los indígenas y campesinos que apoyan el proceso de cambio en Bolivia.


Fernández está claramente incriminado en la masacre: "No se preocupe, la masacre del Porvenir, la mayor masacre en democracia, proporcionalmente superior a la ocurrida en El Alto en 2003, cuando murieron 60 (la guerra del gas), no ha de quedar en la impunidad", enfatizó el ministro Rada.

La Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) que aglutina a varios gremios sociales representativos exigió al prefecto Fernández que renuncie de inmediato por ser el autor intelectual y material de los crímenes en Porvenir, junto con trabajadores de la Prefectura, narcotraficantes, la mafia maderera y la Embajada de Estados Unidos.

El máximo ejecutivo de la Csutcb Isaac Ávalos pidió al Ministerio Público y al Fiscal General de la Nación que inicien de inmediato un proceso penal y encarcelen "al criminal Leopoldo Fernández", el "carnicero de Porvenir".

Referendum Revocatorio

Ciertamente, el contexto en el que la nación sudamericana se aproxima a esa cita no es el idóneo. La semana que concluirá con esa consulta pública ha estado marcada por acontecimientos violentos, protestas, montajes y, en conjunto, un clima político inestable, calificado por las autoridades bolivianas como el “umbral de un golpe de Estado”. El martes dos mineros resultaron muertos tras los enfrentamientos con la policía en Oruro, y grupos opositores intentaron tomar el aeropuerto de Tarija, donde Morales esperaba recibir a sus homólogos de Venezuela, Hugo Chávez, y de Argentina, Cristina Fernández, quienes finalmente cancelaron su visita. Anteayer la oposición encabezó nuevos cercos en las terminales aéreas de la ciudad de Sucre –donde Morales debía encabezar las celebraciones por la independencia de Bolivia–, así como en Santa Cruz y Trinidad, donde el mandatario tenía pensado realizar actos proselitistas. A estas protestas habrá que sumar las “huelgas de hambre” iniciadas por algunos dirigentes cívicos cruceños, quienes, aunque afirman que “no es una estrategia para boicotear el referéndum”, presumen el apoyo de la oposición política boliviana.



Esta situación, a su vez, se da en un contexto general de confrontación entre dos proyectos de país: uno basado en el poder de la gente –en particular, de las mayorías indígenas históricamente excluidas–, de carácter progresista y comprometido con las transformaciones sociales que Bolivia requiere con urgencia; el otro se encuentra articulado en torno al poder del dinero y obedece a los intereses de la derecha boliviana y de los grandes conglomerados trasnacionales por recuperar el control sobre los recursos naturales del país, que el gobierno de Evo Morales les ha arrebatado paulatinamente con el fin de restituirlo a la nación. Detrás de todo esto se encuentra, por añadidura, la mano no tan invisible de Washington, que, de acuerdo con denuncias del gobierno, ha impulsado desde las movilizaciones opositoras hasta el secesionista referéndum sobre el “estatuto autonómico” de Santa Cruz de la Sierra.

El arribo de Morales al poder, en 2006, evidenció el resquebrajamiento de un modo de gobernar y de hacer política en Bolivia caracterizado por el divorcio de la elite en el poder –políticos, empresarios, terratenientes y agroexportadores– de las necesidades mayoritarias de la población. Desde entonces, la oligarquía nacional ha empeñado sus esfuerzos en minar una administración que ha trastocado sus históricos privilegios. En esa lógica se han inscrito acciones como el torpedeo constante a la Asamblea Constituyente, el referido impulso a los proyectos autonómicos –una demanda añeja que ha sido retomada como instrumento de golpeteo político–, la confrontación de los clanes exportadores de aceite y soya con el gobierno, la apuesta de la oposición por el fracaso del referéndum revocatorio y los lamentables acontecimientos de esta semana.

Tal circunstancia, sin embargo, a cuyo mantenimiento apuestan los grupos opositores al gobierno boliviano, al parecer con miras a su agotamiento y debacle, resulta ya insostenible. Es esencial que el referéndum revocatorio del domingo derive en un redimensionamiento de la correlación de fuerzas en Bolivia, dote a la nación de estabilidad y abone a la normalización de su vida pública e institucional, elementos imprescindibles para avanzar hacia un nuevo orden en el que se privilegie a las mayorías, y en el que se combata el atraso, la desigualdad y la miseria históricas en ese país.

Hasta ahora el pueblo boliviano y sus dirigentes han sabido sortear con éxito las maniobras emprendidas por la oligarquía. Cabe hacer votos para que después del domingo, esa nación salga fortalecida, unida e independiente.

La oposición al perder alguna prefectura se fortalecerá en las prefecturas no perdidas, e incrementará la violencia encubierta en las zonas donde haya ganado el MAS y sus seguidores. Eso nos espera después del 10.

¿Pero qué pasará el domingo 10? Obvio la violencia se hará cargo y carne de las zonas donde el MAS tiene posibilidades de contrarrestar a los medialunáticos. Existirán grupos de jóvenes "inocentes" los cuales se agruparán bajo distintos e "inocentes" pretextos (ejemplo: jugar futbol en la calle) y obstaculizarán y atemorizarán a los potenciales votantes a favor del MAS. De tal modo que casi "ningún indio de mierda" pueda llegar a los centros de votación, so pena de ser agredido por esos jóvenes "inocentes". Otra de las estrategias que los medialunáticos aplicarán será la de boicotear los centros de votación, llenar de votos basura las urnas (papeletas falsas), secuestrar urnas, cambiar urnas, etc, etc. Obvio todo en un clima de violencia que ya lo han venido calentando desde hace días.

Referendum Revocatorio

Muchos se preguntan: ¿Por qué los autonomistas le temen al referéndum si ganaron las consultas en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija con más del 80% de votos?




Los prefectos opositores del denominado Consejo Nacional Democrático (Conalde) exigen al gobierno la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y la convocatoria a un referéndum sobre el traslado de los Poderes Ejecutivo y Legislativo a Sucre antes del 1 de agosto, bajo amenaza de iniciar una huelga de hambre el 4 de octubre, seis días antes del referéndum revocatorio de mandato del 10 de agosto.

Los prefectos opositores que se reconocen como perdedores en el revocatorio intentan boicotear la consulta del 10 de agosto con pretextos y excusas sin fundamento. Primero pedían cambiar la pregunta; luego observaron la ilegalidad de la consulta; después intentaron desacreditar el referéndum ensuciando el Padrón Electoral y ahora exigen la “devolución” del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), observa el Vicepresidente Alvaro García Linera.

Se duplicaron los ingresos por IDH y regalías de las prefecturas en dos años y medio de gobierno de Evo Morales gracias a la nacionalización de los hidrocarburos y al aumento del precio internacional del petróleo.

Tarija recibirá este año 2.301 millones de bolivianos por regalías e IDH. En 2005 recibió 1.125 millones; en 2006, 1.725 millones y en 2007, 1.834 millones. Santa Cruz contará en 2008 con 1.053 millones de bolivianos. En 2005 recibió 362 millones; en 2006, 766 millones, y en 2007, 853 millones. Beni tendrá ingresos por 536.5 millones de bolivianos en 2008; en 2005 su presupuesto fue de 234 millones; en 2006, 458 millones y en 2007, 494 millones. Pando recibirá 452 millones de bolivianos en 2008; en 2005 obtuvo 189 millones; en 2006, 401, y en 2007, 433 millones.


Las prefecturas “tienen 700 millones de dólares en caja y banco y no saben en qué ni cómo gastar”. Además, cuentan con 950 millones de bolivianos adicionales en su presupuesto de 2008. “Tienen plata de sobra y no hay justificativo para reclamar más dinero. Prefectos trabajen y gasten ese dinero, no usen como pretexto el IDH para no concurrir a las elecciones democráticas del 10 de agosto”, dijo García Linera.

Por miedo a perder espacios, los opositores buscan manchar el proceso de carnetización gratuita con mentiras, denunció el Ministerio de Gobierno en una solicitada. En su criterio, la maliciosas denuncias sobre duplicidad de cédulas no son atribuibles al Programa de Carnetización Gratuita ni a la Dirección Nacional de Identificación Personal de la Policía Nacional, sino a acciones personales de carácter delictivo.

La derecha está sorprendida por la cantidad de jurados apellidados “Mamani Mamani” que aparecen en una lista de la Corte Nacional Electoral (CNE). Les sorprende que 323 personas de un mismo apellido sean jurados, y también la coincidencia de que muchos de los nombres se repitan dos, tres y hasta cuatro veces en distintas mesas de votación.


El jefe de la misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) Eduardo Stein avaló el Padrón Electoral, que no será muy diferente del que ya se utilizó para las consultas autonómicas.

Por otro lado, el prefecto de La Paz José Luis Paredes acusó al Conalde de “politizar” el tema de la capitalía, mientras que García Linera comentó que el Conalde, un “protopartido”, tiene un “compromiso hipócrita” con la demanda regional, sabiendo que la Asamblea Constituyente “constitucionalizó” a Sucre como capital de Bolivia y sede del “cuarto Poder Electoral”.

Los cívicos de la “media luna” confirmaron el inicio de sus movilizaciones, pero negaron que sus acciones sean parte de un complot contra el referéndum. El líder cívico de Tarija Reynaldo Bayard anunció que el viernes 25 de julio habrá una reunión de coordinación y el 29 se realizarán asambleas departamentales para coordinar la huelga de hambre. El dirigente cívico de Chuquisaca John Cava aseguró que el ayuno no será levantado aunque el Ejecutivo dicte auto de buen gobierno.


Sorprende la posición del prefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa que desafió varias veces a Evo Morales a jugarse el cargo en un referéndum y ahora es el único que se niega a participar en la consulta. Sectores sociales e inclusive congresistas de derecha critican sus incoherencias, mientras que el viceministro de Justicia Wilfredo Chávez inició un proceso legal en su contra por sedición.

Mucha gente se pregunta: ¿Por qué los autonomistas le temen al referéndum si supuestamente ganaron con más del 80% de votos en las consultas autonómicas en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija?


Las campañas

El la línea de los opositores de derecha, este domingo la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), un organismo controlado por grupos de poder y que en pasado sirvió a gobiernos conservadores, exhortó al Poder Ejecutivo “a asumir un acto de grandeza desechando la realización del referendo de altísimo poder explosivo y destructor de la nacionalidad”. Este gremio comenta que el revocatorio, empañado por “un padrón electoral observado”, no resolverá ningún problema y por el contrario agravará el enfrentamiento.


A pesar de las críticas y los rumores de fraude que hace correr la oposición, los preparativos del referéndum del 10 de agosto avanzan. Se designaron a 132 mil jurados electorales, garantes de la transparencia de la consulta, y casi todo el material electoral ya fue distribuido en los nueve departamentos.


Las campañas se intensifican y los militantes del MAS ocupan plazas y calles en varias ciudades. El Vicepresidente y el alcalde de La Paz y jefe del oficialista Movimiento Sin Miedo (MSM) Juan del Granado encabezaron este domingo una marcha a favor del Sí a Evo Morales.

Las fuerzas derechistas aún no se movilizan en las calles, pero si han iniciado una campaña por del No con spots y afiches. En la zona sur de La Paz llama la atención un afiche pidiendo “Orden, Paz y Trabajo”, la misma consigna que utilizaron en su tiempo dictadores de la talla de Hugo Banzer, Pinochet y Videla.

Desde la semana pasada, los conservadores bombardean con spots que critican el alza de precios de los alimentos y las supuestas irregularidades en el Padrón Electoral. En Cochabamba y Santa Cruz asociaciones de jóvenes “por la democracia” y por la “soberanía” censuran con dureza la “intromisión” venezolana. Grupos de danza folclórica como los “Sambos Caporales” lucen casacas invitando a revocar al Presidente Morales. El grupo Santa Cruz en Acción comenzó a difundir el fin de semana tres jingles con el eslogan “Así no Sr. Presidente”.

En las provincias paceñas, los alcaldes de Achacachi, Ancoraimes, Copacabana y productores del norte de La Paz aseguran que el prefecto José Luís Paredes ni siquiera logrará el 30 por ciento de votación. Para revocar a Paredes se necesita una votación superior a 361.055 votos, y un porcentaje mayor del 37.9 por ciento.

El diputado Miguel Machaca (MAS) comentó que Paredes está desesperado por realizar obras a última hora, como el Instituto Normal Superior Tecnológico y Humanístico de la ciudad de El Alto (INSTHEA). Samuel Guarayo, presidente del MAS de La Paz, anuncia que Paredes se aplazará en el área rural y también en la ciudad porque se unió a los prefectos autonomistas de la “media luna”, traicionando la voluntad del pueblo paceño contrario a las autonomías. Diputados del MAS consideran que la suspensión de dos concejales del Plan Progreso (PP), agrupación creada por Paredes en el municipio de El Alto, es un anticipo del descontento que se expresará en el revocatorio.

Los distritos zonales de la circunscripción 16 de El Alto abrieron oficinas de campaña el sábado. En las elecciones de 2005 el MAS ganó con casi 54 por ciento de los votos. Se espera que Morales obtenga 80% de apoyo luego de haber aprobado la Renta Dignidad y el Bono Juancito Pinto, además de invertir en infraestructura educativa y de salud de varias zonas alteñas.

En el sur del país, las 353 comunidades de los tres chacos (provincias Cordillera en Santa Cruz, Calvo y Siles en Chuquisaca, y Gran Chaco y O'Connor en Tarija) que pertenecen a las 26 capitanías de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) decidieron hacer campaña por el Sí en una asamblea nacional ordinaria de realizada en Camiri, no porque sean del MAS, sino porque el cambio tiene que avanzar, informó la vicepresidenta de la organización indígena Petrona Bruno. La APG concentra a más de 150 mil habitantes en 16 municipios de cinco provincias.

Como parte de la campaña oficialista, del 28 al 30 de julio intelectuales de varios países analizarán la realidad y el proceso de cambio en Bolivia en un Encuentro Internacional en La Paz. Participarán Frei Betto, Francois Houtart, Armand Mattelart, Ernesto Cardenal y Pascual Serrano, entre otros. Evo clausura el cónclave con un concierto internacional por la unidad y la soberanía del país.

4. Mayo en Santa Cruz

A la Corte Departamental Electoral (CDE) de Santa Cruz, a las fuerzas políticas de derecha y al poderoso aparato mediático controlado por la burguesía se les complica cada vez más demostrar que la “transparente” consulta en Santa Cruz se desarrolla con “éxito” y en “paz” a medida que estallan violentas rebeliones ciudadanas en todo el departamento y proliferan denuncias de fraude.
A estas alturas, ya casi nadie duda de la victoria del “sí” en este referéndum sui géneris controlado por autoridades electorales autonomistas, administrado por una empresa privada contratada por los autonomistas, vigilado por observadores autonomistas y cubierto por medios de comunicación que llaman abiertamente a apoyar la autonomía departamental.
En su evaluación de media jornada, autoridades electorales aseguraron que el 97 por ciento de los recintos electorales funcionaban normalmente y que sólo el 3% enfrentaba problemas. El vocal de la CDE Ernesto Zambrana informó que en sólo siete de los 268 recintos electorales en la capital cruceña se presentaron problemas, en tanto que en las provincias hubo disturbios en 25 de 440 recintos.

Violencia



La resistencia popular a los actos inconstitucionales impulsados por la oligarquía separatista ha ido en ascenso a lo largo del día. Antes de que la CDE diera inició a la consulta, sectores de la población cruceña resistían con bloqueos en San Julián, Yapacaní, Montero, en el kilometro 27 de la carretera Santa Cruz – Cochabamba y en otras zonas del departamento, con el objetivo de impedir la votación en los colegios.

En Yapacaní, Montero, San Julián, Cuatro Cañadas, así como en varios barrios de la capital cruceña como el Plan 3000, grupos de ciudadanos organizados evitaron que se instalen mesas y quemaron ánforas y boletas.


Una “guardia civil” organizada para velar por la tranquilidad de la consulta actúa como fuerza de choque para intimidar a la población y obligarla a que participe. Algunos recintos fueron abiertos a la fuerza y con amedrentamiento.

Los grupos de choque del Comité Cívico organizados en la Unión Juvenil Cruceñista y en las “guardias civiles” enfrentan a todo aquel que se atreve a manifestarse en contra del “estatuto” hecho a la medida de la oligarquía.

La actuación de estos grupos violentos ha dejando un saldo parcial de al menos 18 heridos de diversa consideración, la mayoría en el populoso barrio Plan Tres Mil, denunció el ministro de Gobierno Alfredo Rada.

Un anciano enfermo sería la primera víctima mortal de los enfrentamientos entre los grupos de choque del movimiento cívico y los vecinos del Plan 3000. Benjamin Ticona Machaca, de aproximadamente 70 años de edad, habría muerto intoxicado por gases lacrimógenos.

En Montero una persona sufrió heridas por explosión de dinamita, mientras un periodista de la cadena de televisión Unitel recibió una pedrada en la cabeza.

Rada expresó su preocupación por los enfrentamientos acontecidos hoy en Santa Cruz, donde se respira una atmósfera de violencia y confrontación. En su criterio, ningún análisis serio puede obviar esta situación, que se torna de preocupante a grave, y cualquier evaluación que plantee que es una jornada democrática, exitosa, tranquila y pacífica es una falsedad y no muestra la realidad.

FRAUDE ELECTORAL




Apenas iniciada la consulta, ciudadanos cruceños denunciaron a los medios de comunicación la apertura de mesas electorales sin respetar las normas electorales, como por ejemplo contar con por lo menos tres jurados. Varios ciudadanos inscritos en el padrón electoral han sido inexplicablemente “depurados” por la CDE.

Se denunció que menores de edad votan a nombre de los electores que se abstuvieron y reciben como retribución 100 bolivianos. Legisladores del MAS denunciaron que decenas de camiones con ciudadanos de Beni, Pando y Tarija llegaron hasta Santa Cruz para aumentar el número de votantes.

Siete personas del Plan 3000 se apersonaron en las oficinas de la CDE y en el Centro de Prensa Internacional para denunciar que se habrían enviado a los colegios electorales de su zona papeletas premarcadas en favor del estatuto. Una vez presentadas las pruebas a la prensa internacional, los denunciantes fueron detenidos y agredidos por grupos de choque pro autonomistas, quienes destruyeron su vehículo en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz.

Descontrol absoluto
Es muy fácil hacer fraude en una consulta que se desarrolla sin la presencia de observadores internacionales, sin un sistema informático oficial validado por la Corte Nacional Electoral (CNE) y sin la vigilancia de jurados partidarios del “no” en cada una de las mesas. Un acto político con semejante fragilidad se presta al fraude electoral, observó el vocero del gobierno Iván Canelas.


La Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), el Mercosur, el Grupo de Río, Aladi y otras organizaciones internacionales no enviaron observadores a la consulta cruceña organizada al margen de la ley.

Una de las garantías de transparencia de cualquier acto electoral es la participación de observadores internacionales en todas las etapas del proceso hasta el día de la elección. En ese entendido, el presidente de la CNE José Luis Exeni afirmó que la ausencia de misiones internacionales deslegitima cualquier proceso electoral o consulta pública en cualquier país del mundo.


Los líderes de Santa Cruz tuvieron que convocar a cuatro entidades privadas y a sus aliados para avalar la transparencia de su referendo, entre ellos los periodistas Oscar Peña Franco y Cayetano Llobet; representantes de la estadounidense Human Rights Foundation (vinculada al Departamento de Estado según ABI), de la Organización Demócrata Cristiana de América, la Fundación Daniels Hammant y Mora; y Araujo & Asociados Comunicación Institucional SA.

Otros veedores “independientes”, según el presidente de la CDE de Santa Cruz Mario Orlando Parada, son los vocales de las cortes electorales de Beni, Pando y Tarija; la Confederación de Profesionales de Bolivia; representantes de la Federación de Profesionales de Beni, Cochabamba, Chuquisaca y Oruro; delegados del Colegio de Abogados y de la Federación de Profesionales de Santa Cruz, entre otros.



Integran el grupo de “observadores independientes” legisladores de Podemos de Cochabamba, La Paz, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando, entre ellos María Rosa Paz, Roberto Ruiz, Fernando Cavero, Tomasa Yarhui, Fernando Rodríguez, Wálter Guiteras, Mario Vargas, Elva Zenteno, Lourdes Millares, Margota Arriaga, Ninoska Lazarte y Luis Guzmán, quienes realizan un periplo por los recintos electorales desde las 9 de la mañana.

Según el diputado polemista Antonio Franco, la ausencia de observadores no representa un fraude electoral, ya que este 4 de mayo “habrá más de 900 mil veedores que son los ciudadanos y ciudadanas cruceñas que ejercerán su derecho democrático con su voto”.

El presidente de la CDE cruceña asegura que la vigilancia de 200 periodistas extranjeros que llegaron a Santa Cruz también avala la transparencia del voto, aunque no existe ni la más remota posibilidad de que los visitantes puedan cubrir las 5 mil mesas de votación instaladas en todo el departamento.

Para el senador de Podemos Oscar Ortiz es “absurdo” hablar de fraude porque en Bolivia “los votos los cuentan los ciudadanos; los cuentan los jurados electorales. Gracias a Dios tenemos algo que debemos defender siempre, que es el conteo manual de votos ahí mismo, en la mesa de votación, con los ciudadanos y en presencia de los medios de comunicación. Hay varias cadenas de medios de comunicación que van a relevar al cierre de la votación, los datos de cada mesa y lo van a hacer público. Hablar de fraude cuando hay una inmensa mayoría absolutamente comprobada a favor de las autonomías muestra la desesperación del gobierno…”.


Al gobierno también le preocupa la orfandad técnica de la CDE, que se ha visto obligada a contratar a una consultora privada para administrar la consulta luego de que la CNE le negara acceso al Sistema de Registro Nacional (Sirena) de Listas Índice y al Sirena de cómputo de voto, bases de datos desarrolladas en varios años de trabajo y verificadas por instancias técnicas nacionales e internacionales, las cuales garantizan invulnerabilidad y confiabilidad en la generación de resultados.

El organismo electoral departamental sólo cuenta con el sistema de padrón y se ha visto obligado a contratar a una empresa privada para que elabore estadísticas de la población votante, puntos de votación, listas de jurados electorales y procesamiento de resultados. La consultora privada cobrará por sus servicios 288.420 bolivianos.

El contrato de consultoría comprende “el diseño y supervisión que permitirá a la CDE disponer de una red adicional a la actual donde se realizarán algunos procesos electorales críticos”; la entrega de un sistema de depuración del padrón departamental, un sistema de resultados electorales por mesa a nivel recinto, zona, localidad, cantón, sección, provincia y departamento.

El contrato con la consultora privada establece la presentación del resultado de la consulta antes de la medianoche de este domingo, pero el prefecto Rubén Costas reveló en las últimas horas que los resultados generales se conocerán recién el 26 de mayo.

La CNE deslindó toda responsabilidad sobre el sistema informático (servidores y sotfware) de cómputo de votos que se vaya a emplear este 4 de mayo, y no se hace responsable por el uso de sistemas no autorizados, ni por la seguridad, transparencia y confiabilidad de la información generada por esos sistemas.

¿El árbitro es imparcial?

La Corte Departamental que administra la consulta no es ni de lejos un árbitro imparcial. La esposa del presidente de la CDE Mario Orlando Parada, Julita Parada, es presidenta del Comité Cívico Femenino, principal impulsora del referéndum. El vicepresidente de la CDE José Ernesto Zambrana Serrate funge al mismo tiempo como secretario general de la cooperativa autonomista CRE, presidida por German Antelo, ex presidente del Comité Cívico. El tercero al mando en la Corte David Antelo Gil fue presidente del Comité pro Santa Cruz en el período 1997-1999 y participa como “past-presidente” en todas las reuniones del Comité.

¿Los informadores son objetivos?

Encuestas realizadas por los mismos impulsores del estatuto autonomista revelan que apenas un 10 a 12 por ciento de los votantes conocen el contenido del texto. Y es que la agresiva y millonaria campaña mediática se ha centrado en convocar a votar por las autonomías y no por el texto considerado secesionista.




A lo largo de la campaña, la prensa cruceña parcializada abiertamente con las elites departamentales no ha informado a los electores que el proyecto otorga unas 42 competencias exclusivas al prefecto, además de total inmunidad y capacidad para administrar los recursos naturales de la región sin vigilancia del Estado.

Marinkovic, político disfrazado de cívico que busca separar Santa Cruz de Bolivia

¿Quién representa a esa Santa Cruz donde las Magnificas son sólo una ilusión? ¿Quién vela por esa cruceñidad "pata pila" del Plan Tres Mil que ve, como si de mostradores se tratara, el paso de los coches de lujo cuando van a trabajar de domesticas o albañiles a Equipetrol?.

¿Quién trabaja por esa gente camba que ve como si fuesen palacios, las fachadas de las grandes empresas y que adentro soportan largas horas de trabajo a cambio de sus bajos salarios?

Es segura que esa mentada representatividad, la de la mayoría eternamente desfavorecida, no es ejercida por el actual Comité Cívico pro Santa Cruz, ni tampoco por su titular, el millonario terrateniente, político derechista, autonomista descendiente de croatas, Branco Marinkovic Jovicevic.

Porque mientras Marinkovic consume su tiempo en contar los dividendos de sus empresas y en organizar, coordinar y ejecutar un plan que busca instaurar de facto una autonomía separatista, a partir del 5 de mayo, para mantener los privilegios económicos de las clases dominantes; cada día, afuera del cuarto anillo de la ciudad, el grueso de la población camba pasa hambre.

Ve frustradas sus expectativas de desarrollo humano y viven en un claro marco de desigualdad con la clase social a la que pertenece Branco, como lo llaman en su círculo.

El actual "cívico" Branco Marinkovic Jovicevic, es patrón de al menos 400 trabajadores que se desempeñan en sus dos principales actividades económicas, su empresa familiar, Industrias Oleaginosas (IOL), una de las más grandes factorías de Santa Cruz, que envasa el aceite comestible Rico, produce soya y la industrializa en diversas formas: torta y aceite, fundamentalmente, y además es uno de los principales accionistas del Banco Económico.

Según la prensa cruceña, IOL fue una de las mayores exportadoras de soya del 2003, año en el que según el matutino El Nuevo Día, habría facturado 92 millones.

Su liderazgo empresarial le permitió ser elegido vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y fue presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, cargo que debió dejar para ser el 26avo presidente del Comité Cívico.



Durante su campaña por la presidencia cívica cruceña, Marinkovic, a quien el Gobierno acusa de la apropiación ilegal de tierras que le pertenecen al pueblo Guarayo, en el caso que se denominó "Laguna Corazón" y por el que actualmente se ejecuta un proceso de orden jurídico en su contra, puso mucho énfasis en que el lugar de su nacimiento es Santa Cruz.

Ello ante los constantes cuestionamientos que recordaban su descendencia directa croata, ya que sus padres son emigrantes que llegaron al país hace sólo 50 años.

"Soy cruceño no sólo de nacimiento sino de corazón, me encanta Santa Cruz no la cambiaría por nada, porque vivo y trabajo aquí. No puedo ser más boliviano que el haber nacido en este país", declaró durante su campaña.

Sin embargo, los Marinkovic, como lo admite Branco, nunca dejaron de lado sus raíces croatas. "Cuando yo era chico iba a Yugoslavia y allí veía los radicalismos del comunismo", aseguró a un medio de prensa escrito.

Pero el actual dirigente "cívico", no sólo fue cuestionado por "ser hijo de la migración extranjera", elemento que trae consigo, una supuesta incapacidad de generar empatía con la realidad y la necesidad nacional.

Sino que, además, fue vinculado con el oscuro poder de las logias cruceñas que, como según lo reveló el semanario La Época, en un reportaje especial el año pasado, tienen secuestrada a la sociedad cruceña porque sus integrantes, han tomado el poder de varias instituciones incluyendo las cooperativas y la misma dirigencia cívica.

En una entrevista con el diario cruceño El Nuevo Día y ante la pregunta: Se dice que detrás de su candidatura están las logias "Caballeros del Oriente" y "Toborochi", ¿es verdad?, Marinkovic respondió: "No es cierto. Si fuera una persona mayor se podría pensar que detrás de mi candidatura están las logias, pero nada de eso es verdad, soy el más muchacho de los candidatos".

Con esta negación el dirigente no sólo admite que conoce la existencia de logias sino que esgrime un argumento poco creíble: su edad, cuando en Santa Cruz es "vox populi" que estos grupos ejercen mecanismos de renovación generacional de sus integrantes quienes por ningún motivo pueden ser "collas", pero que en contrapartida reciben a ciudadanos nacidos en Santa Cruz sin importar que estos sean hijos de emigrantes extranjeros, como es el caso de Marinkovic.



Pero más allá de su origen, los elementos que alejan a Branco de una actividad meramente cívica es su labor indiscutible como dirigente político y opositor al Gobierno del presidente Evo Morales.

Para demostrar aquello sólo falta hacer un análisis de todo el trabajo ejecutado por Marinkovic, que dinamitó a la legalidad ejerciendo permanentes actitudes de injerencia al interior de la Asamblea Constituyente para lo que lo que viajó, en avioneta privada, a Sucre las veces que el oficialismo y la oposición perfilaban un acuerdo para una nueva Constitución, hasta la convocatoria a referéndum por el estatuto autonómico departamental que es ilegal porque no tiene respaldo del Congreso.

El Gobierno acusó a este dirigente de sabotear el proceso constituyente y Branco dijo que el Ejecutivo metía la nariz en la Asamblea, pero, ¿él no hizo justamente eso?

Uno de los argumentos utilizados por la oposición para frenar la Constituyente y que fue abiertamente respaldado por el "cívico" fue la capitalidad plena para Sucre, con ello, Branco no solo se convirtió en enemigo de La Paz, que rechazó la idea con el cabildo de los dos millones, sino que puso en entredicho el discurso de unidad de la Patria que pregona en sus discursos.

Las autoridades de la Sede de Gobierno denunciaron que el argumento de capitalidad ponía en riesgo la unidad del país.

Tampoco sorprende, tal vez por su origen croata y su condición de patrón, su renegada actitud en contra del derecho de los indígenas a tener su propia autonomía en el manejo de sus recursos y su tierra.

Recordemos que Marinkovic actualmente tiene un proceso judicial con el Estado boliviano que lo demandó por la apropiación irregular por parte de la familia del "cívico" de más de 26 mil hectáreas en territorio guarayo.

Según información pública del Viceministro de Tierras, el presidente del Comité Cívico cruceño, Branco Marinkovic se ha apropiado ilegal y fraudulentamente de 26.951 hectáreas que corresponden a las Tierras Comunitarias de Origen de Guarayos, por medio de la falsificación de planos y alteración de documentos oficiales.

Por estos delitos, el Ministerio Público demandó a Marinkovic con un juicio por falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.

Por ello la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) demandó que Marinkovic deje el doble discurso y para ser coherente con lo que promete defender y respetar "en su estatuto autonómico" debe devolver esas tierras a los indígenas.

En una entrevista concedida a la BBC, le preguntaron a Marinkovic si él creía que el gobierno de Evo Morales le quitaría parte de las 30 mil hectáreas registradas bajo su nombre. Su respuesta fue: "Puede ocurrir. Ya ha pasado en Venezuela. Sería una vergüenza si en algunos años más tengamos que compararnos a Rhodesia (Zimbabwe) o algún otro país africano."

En su afán de politizar la agenda nacional en poner el tema de la autonomía departamental en el tapete de la discusión nacional, Branco promovió reuniones con los prefectos y opositores de la "media luna", lideró esos encuentros.

Muchas veces, como ocurrió el 2 de marzo, fue el vocero de las conclusiones asumidas por el denominado Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conalde) conformado por lideres opositores y que decidieron no reconocer al Gobierno de Evo Morales, administración elegida con el 54 por ciento de los votos, y lo calificaron como "antidemocrático".



En esa labor politizada, Marinkovic no sólo hizo mal uso de su elección y nombramiento como "cívico" sino que se olvidó de sus responsabilidades como tal.

Para profundizar en ello sólo basta revisar la prensa cruceña que a principios de este año publicó sendas notas por la crisis de infraestructura educacional que afecta a miles de estudiantes escolares en el municipio de Santa Cruz y que incluso como lo publicó el periódico El Deber, existen escolares que pasan clases en el suelo, con aulas sin techo y sin pupitres disponibles.

Ante esta gran problemática social que afecta al futuro de los cruceños en la región "más rica del país", la voz del "cívico" no se escuchó y menos con la vehemencia con la que se acostumbra cuando le niega autonomía a los indígenas.

¿Por qué?, tal vez porque el principal responsable de ese descalabro es su aliado político, el alcalde emenerrista, Percy Fernández.

Otro aspecto que no tuvo relevancia para Marinkovic fue la grave crisis de sanidad que cientos de personas cruceñas sufrieron tras que en la Caja Nacional de Salud (CNS) se registró un verdadero drama cuando a principios de enero de este año pacientes que requerían atención en la unidad de emergencia debían esperar hasta un día para ser atendidos.

Aproximadamente 300 enfermos son atendidos diariamente de urgencia, en un espacio reducido e improvisado, por sólo diez médicos que atienden en tres turnos en la CNS de la avenida Cañoto de Santa Cruz.

Los asegurados se quejaban por la mala atención y el mal trato del personal que atiende emergencias donde están involucrados niños, adultos y especialmente ancianos que se encuentran con un ambiente repleto de enfermos, donde no hay lugar ni siquiera para sentarse.

A ello debemos añadir el creciente ambiente de delincuencia e inseguridad ciudadana que día a día se apodera de Santa Cruz, donde cada fin de semana la Policía reporta asesinatos, atracos, asaltos, violaciones y golpizas.

Llama la atención que la región que se supone es el "pulmón económico del país" no haya solucionado la agenda social que tiene que ver con tres problemas fundamentales: salud, educación y seguridad y allí surge otra pregunta: ¿No será que las autoridades y los dirigentes de esa región han politizado a tal nivel la agenda que se han olvidado de lo que le beneficia a la gente?

Cabe recordar que el Comité Cívico dirigido por Marinkovic, no solo no elevó su voz para reclamar, mejorar o proponer, como lo hizo con la autonomía departamental, sino que esa institución ha incrementado la sensación de inseguridad amparando a la cuestionada Unión Juvenil Cruceñista, grupo paramilitar que campea con la venia de Branco, los empresarios y cívicos cruceños.



Los unionistas desde hace tres años vienen ejecutando estrategias de amedrentamiento y violencia en el capital cruceña y en otras ciudades contra quienes rechazan el modelo autonómico propuesto por los cívicos.

La UJC ha sido acusada de amenazar y golpear a comerciantes cruceños para hacer cumplir una serie de paros "cívicos" en contra del Gobierno.

También sindican a este grupo, de corte fascista, de promover los enfrentamientos de 11 de enero en Cochabamba para defender al ex edecán del dictador Gral. Luis García Meza, el prefecto Manfred Reyes Villa, quien anunció que copiará el modelo autonómico cruceño para su región cuando ésta, en un referendo, había dicho no a las autonomías.

Según dijo la Policía, la UJC también habría intervenido en los enfrentamientos ocurridos en Sucre a fines de noviembre pasado, cuando grupos de derecha, junto a los cívicos de la "media luna" y otras organizaciones sucrenses, quisieron evitar la sesión de la Asamblea Constituyente que iba a aprobar en primera instancia la nueva Constitución sin tomar en cuenta la capitalidad plena.

Así la UJC, que actúa bajo el ala de Marinkovic, es tristemente célebre por quemar banderas bolivianas además de haber cometido una serie de ataques violentos de los que incluso hay imágenes de video en contra de grupos de indígenas que "osaron" elevar su voz en contra de los grupos de poder en Santa Cruz.



Como hijo de la inmigración yugoslava, Marinkovic debería conocer muy bien los argumentos que provocaron la destrucción del país de sus padres y de las consecuencias de lo que significa propagar en Bolivia un discurso de odio regional que desmembró la nación de dónde viene y que parecería, por sus acciones políticas y de hecho, que quiere instaurar entre nosotros.

EL PERFIL DEL POLITICO

Nombre • Branco Marinkovic nació el 21 de agosto de 1967 en Santa Cruz de la Sierra.

Familia • Hijo del desaparecido empresario Silvio Marinkovic Suarcic y Radmila Jovicevic. Estudió en el Santa Cruz School. Casado con Nicole Dauelsberg.

Profesión • Se recibió en Ingeniería Electromecánica, Economía y Finanzas en la Universidad de Texas (EEUU).

Empresario • Gerente general de Industrias Oleaginosas S.A. (IOL), empresa que es fuente de empleo para unos 460 trabajadores, dedicada al procesamiento de 1.600 toneladas diarias de soya y cuyas facturaciones alcanzaron en 2003 a $us 92 millones. Es accionista y director del Banco Económico. Tiene inversiones en ganadería.

Gremio • Fue director de entidades como la Cadex, IBCE, y la Cainco.

Trayectoria • Es gerente de Industrias Oleaginosas desde el 2000 y presidente de la Federación de Empresarios Privados desde el 2004 y vicepresidente del Banco Económico.

Objetivos políticos • Conseguir la aprobación del ilegal estatuto autonómico y, a partir del 5 de mayo, comenzar a implementar la autonomía departamental al margen de la Constitución Política del Estado y conducir a Santa Cruz a un proceso separatista.

Autonomia Parte 1

Autonomia Parte 2

Carta del FIDH para Marinkovic

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), envió una carta abierta al presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branco Marinkovik, en respuesta a una carta que había enviado a la a esta organización internacional, denunciando un supuesto espionaje y persecución emprendido por el Gobierno Central hacia dirigentes y ciudadanos civiles.



http://www.fidh.org/spip.php?article5199

Carta abierta al Sr. Marinkovic, Presidente del Comité pro Santa Cruz



Estimado Sr. Marinkovic,

La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) acusa recibo de su carta en la cual denuncian “una campaña de espionaje y persecución en contra de cuidadanos” por el gobierno del Presidente Evo Morales Ayma.

En su labor cotidiana, la FIDH lleva a cabo acciones concretas a favor del respeto de todos los derechos proclamados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales o culturales. La FIDH milita a favor de la paz, rechaza la violencia y el racismo.

Considerando su preocupación por la situación de los derechos humanos en Bolivia, le adjuntamos nuestro último pronunciamiento sobre la situación en Bolivia, del 14 de diciembre 2007, que dirigimos, entre otros, a su organización, el Comité pro Santa Cruz, y en el cual expresamos nuestra profunda preocupación por el recrudecimiento de los actos violentos fundados sobre la intolerancia, la discriminación y el racismo.

La FIDH denunció, en el marco de su programa conjunto con la OMCT, [el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, en un informe titulado « Bolivia: Entre la intimidación y la esperanza: dificultades para los defensores de derechos humanos »->http://www.fidh.org/spip.php?article3294], los ataques, actos de hostigamientos, amenazas y asesinatos de defensores de derechos humanos y dirigentes campesinos que luchan contra la impunidad o para una repartición más equitativa de la tierra, perpetuados por actores radicales, entre los cuales se destaca la Unión Juvenil Cruceñista, especie de grupo paramilitar promovido por el Comité Cívico pro Santa Cruz que usted preside.

Entre los casos denunciados [1] , entre el 15 y 16 de diciembre de 2006, más de 100 personas, entre los cuales miembros del Comité Cívico Pro Santa Cruz, asaltaron violentamente las oficinas de la Central Indígena Paikoneka de San Javier (CPI-SJ) destruyendo la casi totalidad de sus bienes e incendiando las oficinas e información histórica recopilada desde hace más de 20 años. Otro ejemplo emblemático es el caso de la APDH cuyos miembros han sido estigmatizados públicamente por los medios de comunicación y las autoridades provinciales y son objeto de amenazas y hostigamiento. Por ejemplo el 6 de diciembre de 2006, un grupo armado de 7 miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, golpeó al Sr. Adalberto Rojas en las afueras de las oficinas de la APDH, e insultó a los otros miembros de la APDH por haberlo ayudado.

La FIDH condena los atentados que ustedes patrocinan contra el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en Bolivia, manifiesta su preocupación frente a su recrudecimiento, en el contexto de la adopción de una nueva Constitución, y que se han traducido por múltiples ataques a personas por el simple hecho de ser indígenas o porque apoyan al gobierno del Presidente Evo Morales.

La FIDH condena también la actitud y los discursos secesionistas, gremialistas y racistas así como los llamamientos a la desobediencia militar de los cuales el Comité Cívico pro Santa Cruz es uno de los principales promotores. La FIDH rechaza estos actos que ponen en grave peligro la estabilidad, la democracia y la paz en el país.

La FIDH ya había denunciado en 2006 cómo el Comité Cívico de Santa Cruz, ejerce presiones sobre las distintas autoridades del país para mantener las desigualdades sociales y asegurar la impunidad de sus crímenes. Se manifestó una honda preocupación en el caso de la provincia de Santa Cruz donde el Comité Cívico ejerce un control total sobre el accionar de las autoridades públicas y los principales medios de comunicación. El Comité es quien selecciona y controla los operadores judiciales, de la policía y, la generalidad de los funcionarios públicos, incluso los de elección popular.

La FIDH está indignada por la campaña de desinformación que el Comité Cívico pro Santa Cruz está llevando a cabo tanto a nivel nacional como a nivel internacional y les ruega poner un término a estas prácticas así como a sus actos violentos y racistas.

La FIDH hace un llamamiento a todas las instituciones y organizaciones nacionales, interamericanas e internacionales así como a todos los medios de comunicación a que manejen la información con mucha cautela y a que no participen en esta campaña de desinformación y de desestabilización de Bolivia.

Atentamente,

Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH

Esta carta se envió en copia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bolivia.

Autoridades defendiendo la corrupcion

Una protección descarada a la corrupción


La ofensiva descarada y malintencionada del grupo de oligarcas liderizados por el cívico cruceño Branco Marincovich junto a su aliado incondicional, Ruben Costas, prefecto de Santa Cruz trataron otra vez de encender la chispa para crear condiciones de mayor desestabilización al gobierno del presidente Morales.

El reciente hecho de lo ocurrido en el aeropuerto de Viru Viru, es la demostración clara de cómo se busca pretextos para crear esas condiciones de malestar en el país bajo un manto falso y mentiroso de pretender de defensa de la democracia y evitar a toda costa que su luche contra la corrupción en instituciones cruceñas.

Esta claro y aquí hay que ir con la verdad en la mano sin pretender apasionamientos ni presiones de ningún lado, quienes encabezaron la "retoma" del aeropuerto fueron los dirigentes cívicos, empresarios, autoridades departamentales, parlamentarios y constituyentes opositores, liderados por el prefecto Rubén Costas y el cívico Branco Marinkovic, que azuzaban a la población, con argumentos tales como la "defensa de Santa Cruz", entre otros.

Y la defensa de la verdad va de la mano de esa lucha contra la corrupción que quieren tapar los oligarcas para defender sus intereses que por mas de 20 años lo tuvieron camuflada y bien defendida por grupos de poder económico de Santa Cruz. La lucha contra la corrupción es un proceso largo. Y en el caso de AASANA, pese a que se dio un paso atrás en alguna medida, está por demás claro que se demostró la falta de transparencia de sus administradores y no se va a poder ocultar que el motivo que tuvo el Gobierno para intervenir son los actos de corrupción.

El hecho de que un grupo minoritario use todos los instrumentos mediáticos y económicos para movilizar gente no significa que el pueblo cruceño no está enterado de la verdad.

Eso le toca a la dirigencia cruceña y a sus propios correligionarios y ya es hora extender esta reflexión al propio prefecto de Cochabamba que anda desesperado que el presidente le responda a sus disque inquietudes, que lo único que esta buscando es que otra vez le responda: en qué momento va a dar la cara de su verdadero pasado que muestra a las claras sus vínculos con la máximo representación de la derecha golpista, de sus estrechísimas relaciones con Sánchez de Lozada y de su afan de conspiración junto a la embajada norteamericana para desestabilizar este proceso democrático. Hasta cuándo señor Reyes Villa?

Y algo tendrá que decirnos del armamento militar en sus predios de Chuquisaca de donde uno de sus familiares guardaba para esos afanes pro golpistas? Diga la verdad Señor Reyes Villa de sus nexos con la oligarquía cruceña a la que le tiende un manto de protección en sus solicitadas. Diga pues la verdad señor Reyes Villa. Ya es hora.