Más de 30 personas habrían sido asesinadas en la localidad pandina de Porvenir el 11 de septiembre de 2008, una de las peores masacres campesinas en democracia. El principal responsable de la matanza, el prefecto de Pando Leopoldo Fernández, "el carnicero de Porvenir", llamó a sus grupos de choque armados a resistir el estado de sitio "abusivo y bravucón" del gobierno.
El jueves 11 de septiembre, aproximadamente mil campesinos de comunidades de Puerto Rico, Madre de Dios y el Palmar marchaban hacia la ciudad de Cobija para participar en un ampliado del sector.
Funcionarios del Servicio Departamental de Caminos, empleados de la Prefectura y activistas cívicos enviados por el prefecto Leopoldo Fernández intentaron sin éxito detener a la caravana campesina a unos siete kilómetros de Porvenir. Luego emboscaron a los marchistas en inmediaciones del puente Cachuelita, donde cavaron una zanja de 10 metros de ancho para evitar el paso de camiones y gente.
"Todos venían armados (los campesinos), hicimos unas zanjas para evitar que lleguen hasta Cobija, uno de los últimos recursos que teníamos porque tenían la intención de tomar la Prefectura y luego Cobija; lo sabían las autoridades policiales y militares. Y ahí tuvimos los primeros heridos", narra el prefecto Fernández.
Según Fernández, el supuesto "enfrentamiento" se desató cuando su grupo de choque "incendió dos camionetas de esta gente (campesinos); parecía un polvorín, durante varios minutos regaba balas y disparos por todo lado, porque estaba explosionando todo el cargamento que tenían estos campesinos pacíficos que dice el gobierno".
Los campesinos desarmados recuerdan que francotiradores instalados en las copas de los árboles comenzaron a disparar ametralladoras automáticas. Una volqueta del Servicio de Caminos aplastó a dos campesinos.
"De pronto escuchamos disparos y algunas personas cayeron heridas. Hombres, mujeres y niños corrieron a todo lado para salvar sus vidas, pero muchos fueron heridos o tomados por la fuerza para ser torturados", recuerda Roberto Tito, testigo directo de la masacre.
"Fuimos matados como chanchos, con ametralladoras, con rifles, con escopetas, con revolver. Los campesinos solo traían sus dientes, palos, ondas, no traían escopetas. Luego de los primeros disparos, algunos huyeron hacia el río Tahuamanu, pero les persiguieron y les dispararon", cuenta Shirley Segovia, dirigente de una subcentral de Porvenir.
El dirigente social pandino Dionisio López declaró a radio Patria Nueva que al menos 30 sicarios casi lo matan a golpes: "Estaba queriendo rescatar a los heridos de bala, y ahí me interceptaron en Porvenir, más o menos a la una y media (13:30). En Cobija me golpearon más o menos hasta las 10 de la noche. Dijeron que yo era masista por el color de mi cara, querían matarme...".
Ese jueves, después de la emboscada sangrienta, los sicarios y narcotraficantes al mando del prefecto del departamento de Pando continuaron asesinando campesinos. Al menos cien personas cruzaron la frontera para salvar la vida.
Días antes los vándalos y grupos de choque quemaron casas, saquearon mercados y atentaron contra varios medios de comunicación. La violencia se desbordó luego de la masacre. El prefecto Fernández llamó a la ciudadanía a mantener la calma y pacificar la ciudad de Cobija, pero mantuvo movilizadas a sus huestes "por la restitución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)". La autoridad departamental culpó al Poder Ejecutivo de las ocho muertes registradas hasta ese momento, la mayoría campesinos
"Este gobierno no conseguirá ni en Pando, ni Tarija, ni en Beni, ni en Santa Cruz, ni Chuquisaca, ni en el país en su conjunto, consumar lo que pretende (...) no voy a retirarme en ningún momento de esta lucha (...) La mentira no vencerá en este país, queremos dejar un mejor futuro para nuestras familias (...) guardemos nuestras fuerzas para luchar (...) hay que retirarse para darle un poco de tranquilidad a esa gente que está en zozobra", dijo Fernández.
El viernes continuaban las persecuciones y los asesinatos en Cachuelita y Filadelfia, provincias rebeldes que rechazaron el "referéndum autonómico" de los patrones autonomistas y que revocaron a Fernández en el referéndum del 10 de agosto. Los paramilitares pagados por la prefectura no dejaban rescatar a los heridos y los cuerpos de los asesinados.
En la ciudad de Cobija, amedrentaban 40 funcionarios de la Prefectura de Pando encapuchados, con armas cortas y metralletas. Se denunció la existencia de 15 campesinos rehenes en las oficinas del Comité Cívico.
"La situación es dramática y trágica, están asesinando campesinos cada momento y la Policía y el Ejército no están actuando para salvar vidas. Mucha gente fue torturada en los ambientes del Comité Cívico; pedimos que se intervenga el departamento Pando", clamó el senador de UN Abraham Cuellar, amenazado de muerte por funcionarios de la Prefectura.
La representante presidencial en Pando Nancy Texeira, al borde del llanto, criticó al gobierno por abandonar a su gente y exigió una intervención inmediata del departamento.
A las 7 de la noche del viernes, el gobierno de Evo Morales dictó estado de sitio regionalizado en el departamento de Pando con el fin de evitar mayores crímenes de lesa humanidad.
Pero los grupos sediciosos se rieron de la noticia y asaltaron dos tiendas de armamento en Cobija y atacaron con ametralladoras a los militares que retomaron el control del aeropuerto. En la refriega murieron dos funcionarios de la Prefectura y el conscripto Ramiro Tañini Alvarado (17), victimado con una bala calibre 22.
Leopoldo Fernández declaró que no acataría el estado de sitio y advirtió que las movilizaciones continuarían. "Va a costar implementar un estado de sitio abusivamente. Creyeron que Pando era el eslabón más débil, (pero) vamos a seguir luchando, queremos un país con libertades, no van a conseguir paralizar el proceso autonómico ni le van a quitar a Pando esa esperanza de crecer, tenemos derecho, vamos a pelear por lo que nos corresponde, no nos quitarán nuestros recursos".
Hasta el mediodía de este sábado los militares aún no habían logrado tomar el control de la ciudad de Cobija y menos ingresar a Filadelfia y Porvenir. Se escuchaban ráfagas de ametralladoras en algunas zonas de la ciudad de Cobija.
A las 21 horas el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana llegó a Cobija con más efectivos militares para hacer cumplir el estado de sitio.
El ministro de Gobierno Alfredo Rada confirmó el sábado que al menos 16 personas perdieron la vida en la masacre del jueves, pero horas después reportes extraoficiales daban cuenta de que habría por lo menos 30 muertos. Diversas fuentes informan que hay 80 heridos de bala y hasta 100 desaparecidos. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia denunció la desaparición de más de 50 afiliados y 26 heridos de bala.
¿Quién es Leopoldo Fernández?
Es un cacique de pueblo que mantuvo un control casi feudal de los poderes públicos y privados en Cobija y provincias entre 1979 y 2005. Fue funcionario público en las dictaduras de Luis García Meza (1980-1981), Celso Torrelio y Guido Vildoso (1981-1982); responsable en Pando del Instituto Nacional de Colonización (actual INRA); parlamentario, prefecto y ministro de Gobierno de Hugo Banzer-Jorge Quiroga (1997-2002).
Se cree que García Meza le regaló tierras. Ahora Fernández está metido en el negocio de la castaña y de la ganadería. Declaró a la Contraloría un patrimonio personal de 1,4 millones de dólares.
Fernández está bien relacionado con madereros, aserradores y terratenientes locales como los Sonnenschein, Hecker Hasse, Becerra Roca, Vaca Roca, Peñaranda, Barbery Paz, Claure y Villavicencio Amuruz, entre otros, que concentran miles de hectáreas de tierras fértiles.
Leopoldo Fernández sirve bien a la racista, intolerante y violenta elite local descendiente de los patrones de la goma y de la castaña que sometieron a los indígenas a un régimen de explotación laboral servidumbral desde fines del siglo XIX.
El pueblo pandino asegura que Fernández no defiende el IDH para la región sino su bolsillo. Lo único que ha hecho por el departamento en los últimos 30 años de politiquería: treinta kilómetros de carreteras.
La ex ministra de Gobierno Alicia Muñoz denunció en 2006 que Fernández entrenaba en Cobija a paramilitares supuestamente para trabajos de "seguridad ciudadana". El año pasado, Leopoldo mandó a quemar la casa del senador pandino Cuellar que apoyó la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria de Evo Morales. La pasada semana nombró a un director apócrifo de la oficina del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Pando, declarado hace poco por el gobierno como el primer "territorio saneado de Bolivia".
El presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) Rolando Villena reveló que el prefecto Leopoldo Fernández contrató a sicarios de Brasil y Perú para extinguir a los indígenas y campesinos que apoyan el proceso de cambio en Bolivia.
Fernández está claramente incriminado en la masacre: "No se preocupe, la masacre del Porvenir, la mayor masacre en democracia, proporcionalmente superior a la ocurrida en El Alto en 2003, cuando murieron 60 (la guerra del gas), no ha de quedar en la impunidad", enfatizó el ministro Rada.
La Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) que aglutina a varios gremios sociales representativos exigió al prefecto Fernández que renuncie de inmediato por ser el autor intelectual y material de los crímenes en Porvenir, junto con trabajadores de la Prefectura, narcotraficantes, la mafia maderera y la Embajada de Estados Unidos.
El máximo ejecutivo de la Csutcb Isaac Ávalos pidió al Ministerio Público y al Fiscal General de la Nación que inicien de inmediato un proceso penal y encarcelen "al criminal Leopoldo Fernández", el "carnicero de Porvenir".
