4. Mayo en Santa Cruz

A la Corte Departamental Electoral (CDE) de Santa Cruz, a las fuerzas políticas de derecha y al poderoso aparato mediático controlado por la burguesía se les complica cada vez más demostrar que la “transparente” consulta en Santa Cruz se desarrolla con “éxito” y en “paz” a medida que estallan violentas rebeliones ciudadanas en todo el departamento y proliferan denuncias de fraude.
A estas alturas, ya casi nadie duda de la victoria del “sí” en este referéndum sui géneris controlado por autoridades electorales autonomistas, administrado por una empresa privada contratada por los autonomistas, vigilado por observadores autonomistas y cubierto por medios de comunicación que llaman abiertamente a apoyar la autonomía departamental.
En su evaluación de media jornada, autoridades electorales aseguraron que el 97 por ciento de los recintos electorales funcionaban normalmente y que sólo el 3% enfrentaba problemas. El vocal de la CDE Ernesto Zambrana informó que en sólo siete de los 268 recintos electorales en la capital cruceña se presentaron problemas, en tanto que en las provincias hubo disturbios en 25 de 440 recintos.

Violencia



La resistencia popular a los actos inconstitucionales impulsados por la oligarquía separatista ha ido en ascenso a lo largo del día. Antes de que la CDE diera inició a la consulta, sectores de la población cruceña resistían con bloqueos en San Julián, Yapacaní, Montero, en el kilometro 27 de la carretera Santa Cruz – Cochabamba y en otras zonas del departamento, con el objetivo de impedir la votación en los colegios.

En Yapacaní, Montero, San Julián, Cuatro Cañadas, así como en varios barrios de la capital cruceña como el Plan 3000, grupos de ciudadanos organizados evitaron que se instalen mesas y quemaron ánforas y boletas.


Una “guardia civil” organizada para velar por la tranquilidad de la consulta actúa como fuerza de choque para intimidar a la población y obligarla a que participe. Algunos recintos fueron abiertos a la fuerza y con amedrentamiento.

Los grupos de choque del Comité Cívico organizados en la Unión Juvenil Cruceñista y en las “guardias civiles” enfrentan a todo aquel que se atreve a manifestarse en contra del “estatuto” hecho a la medida de la oligarquía.

La actuación de estos grupos violentos ha dejando un saldo parcial de al menos 18 heridos de diversa consideración, la mayoría en el populoso barrio Plan Tres Mil, denunció el ministro de Gobierno Alfredo Rada.

Un anciano enfermo sería la primera víctima mortal de los enfrentamientos entre los grupos de choque del movimiento cívico y los vecinos del Plan 3000. Benjamin Ticona Machaca, de aproximadamente 70 años de edad, habría muerto intoxicado por gases lacrimógenos.

En Montero una persona sufrió heridas por explosión de dinamita, mientras un periodista de la cadena de televisión Unitel recibió una pedrada en la cabeza.

Rada expresó su preocupación por los enfrentamientos acontecidos hoy en Santa Cruz, donde se respira una atmósfera de violencia y confrontación. En su criterio, ningún análisis serio puede obviar esta situación, que se torna de preocupante a grave, y cualquier evaluación que plantee que es una jornada democrática, exitosa, tranquila y pacífica es una falsedad y no muestra la realidad.

FRAUDE ELECTORAL




Apenas iniciada la consulta, ciudadanos cruceños denunciaron a los medios de comunicación la apertura de mesas electorales sin respetar las normas electorales, como por ejemplo contar con por lo menos tres jurados. Varios ciudadanos inscritos en el padrón electoral han sido inexplicablemente “depurados” por la CDE.

Se denunció que menores de edad votan a nombre de los electores que se abstuvieron y reciben como retribución 100 bolivianos. Legisladores del MAS denunciaron que decenas de camiones con ciudadanos de Beni, Pando y Tarija llegaron hasta Santa Cruz para aumentar el número de votantes.

Siete personas del Plan 3000 se apersonaron en las oficinas de la CDE y en el Centro de Prensa Internacional para denunciar que se habrían enviado a los colegios electorales de su zona papeletas premarcadas en favor del estatuto. Una vez presentadas las pruebas a la prensa internacional, los denunciantes fueron detenidos y agredidos por grupos de choque pro autonomistas, quienes destruyeron su vehículo en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz.

Descontrol absoluto
Es muy fácil hacer fraude en una consulta que se desarrolla sin la presencia de observadores internacionales, sin un sistema informático oficial validado por la Corte Nacional Electoral (CNE) y sin la vigilancia de jurados partidarios del “no” en cada una de las mesas. Un acto político con semejante fragilidad se presta al fraude electoral, observó el vocero del gobierno Iván Canelas.


La Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), el Mercosur, el Grupo de Río, Aladi y otras organizaciones internacionales no enviaron observadores a la consulta cruceña organizada al margen de la ley.

Una de las garantías de transparencia de cualquier acto electoral es la participación de observadores internacionales en todas las etapas del proceso hasta el día de la elección. En ese entendido, el presidente de la CNE José Luis Exeni afirmó que la ausencia de misiones internacionales deslegitima cualquier proceso electoral o consulta pública en cualquier país del mundo.


Los líderes de Santa Cruz tuvieron que convocar a cuatro entidades privadas y a sus aliados para avalar la transparencia de su referendo, entre ellos los periodistas Oscar Peña Franco y Cayetano Llobet; representantes de la estadounidense Human Rights Foundation (vinculada al Departamento de Estado según ABI), de la Organización Demócrata Cristiana de América, la Fundación Daniels Hammant y Mora; y Araujo & Asociados Comunicación Institucional SA.

Otros veedores “independientes”, según el presidente de la CDE de Santa Cruz Mario Orlando Parada, son los vocales de las cortes electorales de Beni, Pando y Tarija; la Confederación de Profesionales de Bolivia; representantes de la Federación de Profesionales de Beni, Cochabamba, Chuquisaca y Oruro; delegados del Colegio de Abogados y de la Federación de Profesionales de Santa Cruz, entre otros.



Integran el grupo de “observadores independientes” legisladores de Podemos de Cochabamba, La Paz, Chuquisaca, Tarija, Beni y Pando, entre ellos María Rosa Paz, Roberto Ruiz, Fernando Cavero, Tomasa Yarhui, Fernando Rodríguez, Wálter Guiteras, Mario Vargas, Elva Zenteno, Lourdes Millares, Margota Arriaga, Ninoska Lazarte y Luis Guzmán, quienes realizan un periplo por los recintos electorales desde las 9 de la mañana.

Según el diputado polemista Antonio Franco, la ausencia de observadores no representa un fraude electoral, ya que este 4 de mayo “habrá más de 900 mil veedores que son los ciudadanos y ciudadanas cruceñas que ejercerán su derecho democrático con su voto”.

El presidente de la CDE cruceña asegura que la vigilancia de 200 periodistas extranjeros que llegaron a Santa Cruz también avala la transparencia del voto, aunque no existe ni la más remota posibilidad de que los visitantes puedan cubrir las 5 mil mesas de votación instaladas en todo el departamento.

Para el senador de Podemos Oscar Ortiz es “absurdo” hablar de fraude porque en Bolivia “los votos los cuentan los ciudadanos; los cuentan los jurados electorales. Gracias a Dios tenemos algo que debemos defender siempre, que es el conteo manual de votos ahí mismo, en la mesa de votación, con los ciudadanos y en presencia de los medios de comunicación. Hay varias cadenas de medios de comunicación que van a relevar al cierre de la votación, los datos de cada mesa y lo van a hacer público. Hablar de fraude cuando hay una inmensa mayoría absolutamente comprobada a favor de las autonomías muestra la desesperación del gobierno…”.


Al gobierno también le preocupa la orfandad técnica de la CDE, que se ha visto obligada a contratar a una consultora privada para administrar la consulta luego de que la CNE le negara acceso al Sistema de Registro Nacional (Sirena) de Listas Índice y al Sirena de cómputo de voto, bases de datos desarrolladas en varios años de trabajo y verificadas por instancias técnicas nacionales e internacionales, las cuales garantizan invulnerabilidad y confiabilidad en la generación de resultados.

El organismo electoral departamental sólo cuenta con el sistema de padrón y se ha visto obligado a contratar a una empresa privada para que elabore estadísticas de la población votante, puntos de votación, listas de jurados electorales y procesamiento de resultados. La consultora privada cobrará por sus servicios 288.420 bolivianos.

El contrato de consultoría comprende “el diseño y supervisión que permitirá a la CDE disponer de una red adicional a la actual donde se realizarán algunos procesos electorales críticos”; la entrega de un sistema de depuración del padrón departamental, un sistema de resultados electorales por mesa a nivel recinto, zona, localidad, cantón, sección, provincia y departamento.

El contrato con la consultora privada establece la presentación del resultado de la consulta antes de la medianoche de este domingo, pero el prefecto Rubén Costas reveló en las últimas horas que los resultados generales se conocerán recién el 26 de mayo.

La CNE deslindó toda responsabilidad sobre el sistema informático (servidores y sotfware) de cómputo de votos que se vaya a emplear este 4 de mayo, y no se hace responsable por el uso de sistemas no autorizados, ni por la seguridad, transparencia y confiabilidad de la información generada por esos sistemas.

¿El árbitro es imparcial?

La Corte Departamental que administra la consulta no es ni de lejos un árbitro imparcial. La esposa del presidente de la CDE Mario Orlando Parada, Julita Parada, es presidenta del Comité Cívico Femenino, principal impulsora del referéndum. El vicepresidente de la CDE José Ernesto Zambrana Serrate funge al mismo tiempo como secretario general de la cooperativa autonomista CRE, presidida por German Antelo, ex presidente del Comité Cívico. El tercero al mando en la Corte David Antelo Gil fue presidente del Comité pro Santa Cruz en el período 1997-1999 y participa como “past-presidente” en todas las reuniones del Comité.

¿Los informadores son objetivos?

Encuestas realizadas por los mismos impulsores del estatuto autonomista revelan que apenas un 10 a 12 por ciento de los votantes conocen el contenido del texto. Y es que la agresiva y millonaria campaña mediática se ha centrado en convocar a votar por las autonomías y no por el texto considerado secesionista.




A lo largo de la campaña, la prensa cruceña parcializada abiertamente con las elites departamentales no ha informado a los electores que el proyecto otorga unas 42 competencias exclusivas al prefecto, además de total inmunidad y capacidad para administrar los recursos naturales de la región sin vigilancia del Estado.